Denuncian una red de negocios ilegales dentro de la Unidad Penitenciaria 9: tenían peluquería y hasta un “spa” con hidromasaje
Un grave esquema de presuntas maniobras ilícitas fue denunciado en la Unidad Penitenciaria N° 9, de Villa Elvira, donde internos habrían montado una estructura organizada para recaudar dinero mediante amenazas, coerción y actividades prohibidas.
Según la presentación judicial, que investiga la fiscal Virginia Bravo, el sistema estaría encabezado por un grupo de reclusos conocido como “limpieza”, que controlaría el pabellón 16, sección B. Allí habrían impuesto distintos “negocios” internos —como peluquería, venta de alimentos y cigarrillos— con precios obligatorios y pagos exigidos incluso por el uso de espacios comunes o la permanencia en el sector.
De acuerdo a la denuncia, quienes no cumplían con estas exigencias eran sometidos a amenazas, agresiones físicas y presión psicológica. Además, el esquema incluiría cobros periódicos en dinero, cigarrillos o transferencias digitales por servicios básicos y acceso a beneficios como visitas o instalaciones.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la presunta complicidad de personal penitenciario, que habría facilitado el ingreso de mercadería y permitido el funcionamiento de estas actividades. También se investigan posibles irregularidades en traslados y trámites internos utilizados como mecanismo de presión.
Otra de las situaciones llamativas que surgen de la denuncia es la existencia de un supuesto “spa” dentro del penal. Según lo expuesto, incluiría un hidromasaje y sauna instalados en un entrepiso del sector de talleres, que estarían bajo la órbita de un interno condenado por el crimen de Diego Feinmann. Además, se menciona la disponibilidad de insumos como harina, levadura, aceite, papas, carne y pollo para abastecer distintos “emprendimientos” internos.
En ese contexto, días atrás se realizó un megaoperativo en el penal que permitió secuestrar más de un centenar de celulares, computadoras, routers y dispositivos de conexión a internet, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de una red organizada dentro del establecimiento.
La causa busca determinar si existió una asociación ilícita en el interior del penal y establecer eventuales responsabilidades tanto de los internos como de funcionarios del servicio penitenciario.
