El Gobierno anunció cambios en la VTV: buscan modificar los plazos y ampliar la oferta de lugares
El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocido en gran parte del país como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de simplificar el trámite, bajar costos para los conductores y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar los controles.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Desregulación y apunta a modificar el funcionamiento del sistema actual, que desde el Ejecutivo consideran poco competitivo.
Según el diagnóstico oficial, existen “barreras de entrada” que limitan la cantidad de talleres habilitados, lo que deriva en precios altos, demoras para conseguir turnos y, en muchos casos, largos desplazamientos para acceder a una planta de verificación.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación de los plazos para realizar la revisión técnica. El nuevo esquema propone extender el período para la primera verificación de los vehículos nuevos.
Según el plan oficial, el cronograma quedaría de la siguiente manera: los vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años; los autos de entre cinco y diez años tendrán que someterse a controles cada dos años; y los vehículos más antiguos mantendrán revisiones más frecuentes.
Otro punto clave de la reforma es la ampliación de los lugares donde podrá realizarse la verificación técnica. Hasta ahora, el control suele hacerse en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, también podrían prestar el servicio concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que actualmente realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.
La reforma también contempla la eliminación del llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que se exigía a vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros antes de realizar la revisión técnica. Desde el Ejecutivo consideran que se trataba de un trámite burocrático, que generaba costos adicionales sin aportar mejoras concretas en materia de seguridad.
El Gobierno remarcó que el nuevo sistema se aplicará de manera gradual.
