Exigen fecha de juicio tras casi 50 años de impunidad para el caso de Juan y Martiniano Jáuregui
“Yo voy a resistir porque sé que por lo que peleó es justo.” Marta Jáuregui tenía 17 años cuando escuchó a su papá Juan Martín Jáuregui decir esa frase. Eran palabras de despedida para ella, sus hermanos y su mamá, quienes debían abandonar la casa familiar del barrio El Retiro de Olmos luego de que supiera que las patotas irían por él.
Y no estaba equivocado: la noche del 18 de octubre de 1975 un grupo de efectivos policiales lo fueron a cazar. Según Marta eran “más de 100”. Juan Martín resistió hasta el día siguiente. El tiroteo y el bombardeo contra la vivienda de la calle 47 entre 159 y 160 fue constante y al final terminaron asesinándolo.
Casi 50 años después, Marta, querellante en la causa penal, siente que el Juzgado Federal N° 3 de La Plata no avanza. Cabe recordar que, el juez federal Ernesto Kreplak procesó por el asesinato de su padre y el secuestro de su abuelo y de un compañero de militancia de Juan Martín a los policías retirados de la Bonaerense Julio César Garachico y Carlos Rivera e Ismael Ramón Verón. Rivera fue apartado del caso por “deterioro cognitivo”.
Garachico era oficial Inspector de Seguridad del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional La Plata; Rivera tenía el mismo cargo en la Agrupación de Seguridad de la Casa de Gobierno. Según las pruebas recogidas y citadas por el magistrado, ambos integraron la patota que fue a buscar a Jáuregui a su casa de la calle 47.
“Es hora de que la Verdad se imponga sobre la mentira oficial: la casa no se destruyó por bombas molotov, sino por el uso de kilos de Trotyl, según consta en los informes de las propias fuerzas. Y mi padre no se suicidó: la pericia es irrefutable, recibió 7 impactos de bala. Lo ejecutaron mientras nuestra historia se convertía en escombros”, detalló Marta en una Carta Abierta dirigida a la opinión pública, a los organismos de Derechos Humanos y a la Justicia.
Al mismo tiempo, su abuelo Martiniano Jáuregui, de 72 años y enfermo, fue obligado a presenciar el estallido de su mundo con los ojos vendados y las manos precintadas, atado a un árbol. Sufrió el calvario de la desaparición forzada en La Cacha, Radio Provincia y Arana, para terminar, padeciendo torturas y apremios ilegales en la Unidad 9 bajo el mando de Dupuy. Esas torturas aceleraron su muerte poco tiempo después.
“Solo quedan Julio César Garachico e Ismael Ramón Verón (quien estuvo a cargo del Regimiento VII desde donde se impartió la orden de dinamitar nuestra vida). Mientras los meses pasan en la comodidad de los procesos lentos, los responsables fallecen y nosotros, las víctimas, envejecemos esperando”, añadió.
En la carta dirigida al Juez Kreplak, consideran a las leyes preparatorias totalmente injustas, pero exigen como mínimo, la “reparación emocional” que solo se la otorga la Verdad. En esa línea, solicitan acciones para cerrar un duelo que lleva 50 años abierto: “Es la urgencia vital de quien reclama justicia antes de que la vida se le acabe”.
Y concluye: “Exigimos fecha de juicio ya. No permitiremos que el silencio sea el último refugio de los asesinos. Si no hay justicia para los Jáuregui, hay impunidad para toda la sociedad. Queremos la Verdad para poder, por fin, descansar en paz. Justicia por Juan Martín y Martiniano Jáuregui. No más dilaciones”.
