Avanza en Diputados un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
La Cámara de Diputados avanzó en el dictamen del proyecto, que obtuvo aprobación y que pondrá en debate la edad de imputabilidad, la cual se prevé que bajaría de 16 a 14 años.
Con voces a favor y en contra, el proyecto de Ley impulsado por el Oficialismo tuvo 77 votos a favor. En tanto que, diversos sectores de la oposición y organismos de DDHH comenzaron a desplegar el debate que lleva varios años sin ser tratado.
Dentro del proyecto presentado, contempla la pena máxima de 15 años solo para delitos graves, y podrán aplicarse a condenas de más de 10 años de pena efectiva, considerando la gravedad en delitos contra la vida y la integridad sexual.
Por otro lado, se establece la aplicación de penas alternativas, para delitos menores, como son las tareas comunitarias, no acercamiento a las víctimas, monitoreo electrónico o acciones de reparación del daño causado. Este último, vinculado a lo denominado “Justicia restaurativa”, un enfoque del sistema legal que busca reparar el daño causado, en lugar de castigar. Se centra en la víctima, buscando la reinserción del ofensor.
Entre las voces a favor, que promueven dicho proyecto, se considera la creación de institutos especiales donde se garantice el derecho al acceso a la educación, atención médica y tratamiento para las adicciones.
Estos espacios deberán estar dotados de personal especializado en infancia y adolescencia. Es necesario remarcar, que dentro de las críticas aparecen cuestionadas las condiciones actuales de los centros de detención de menores y el estado en que los mismos se encuentran. Incluso agrupaciones como la “Mesa de articulación de niñez”, han argumentado que “continuamos repudiando este proyecto de muerte exigiendo políticas públicas”.
Por otra parte, desde el oficialismo y en contraposición a las críticas, se ha señalado que “Los diputados deberán elegir de que lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes”.
El Régimen Penal de Minoridad, determinado en 1980, durante la última dictadura militar, estableció que menores de 16 años no podrían ser juzgados. Incluso, ante la comisión de delitos mayores permanecen en institutos de menores hasta el cumplimiento de los 18 años de edad, siendo derivados al sistema carcelario para el efectivo cumplimiento de la condena, muchos de ellos incluso bajo los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil.
Tal como estipula la Ley de Ejecución Penal Nacional 24.660 y la Provincial 12.256, aquellos jóvenes adultos de entre 18 y 21 años deberán tener un alojamiento diferenciado de la población carcelaria adulta, contemplando programas de educación y trabajo. En este sentido, el proyecto de Ley que se debatirá, deja de manifiesto y prohibido cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores, como así también promueve el abordaje de conductas adictivas, entornos violentos y salud mental.
